El Estado prescindió de sus brigadistas en la fase más crítica de los incendios
Brigadistas del MARM, durante un incendio en el interior ourensano.- Los trabajadores dejaron sus puestos por 'órdenes directas' de Medio Ambiente
- La crisis económica fue la causa que motivó el cese de su actividad
- Medio Ambiente dedicaba 21 millones anuales para pagar estos salarios
- Los trabajadores que contrató Tragsa, son fijos discontinuos y están en paro
Las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) del antiguo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino dejaron de participar en las tareas de extinción de los incendios del pasado otoño en el Macizo Central y en la Sierra del Xurés porque finalizaron sus contratos. A pesar de la devastación que estaban sufriendo dos de los principales enclaves naturales gallegos, los operarios tuvieron que dejar su trabajo y volver a sus casas. El departamento, que por entonces dirigía la ministra Rosa Aguilar, mandó retirar al contingente que actuaba en Manzaneda y O Xurés aunque las llamas devastaban dos superficies protegidas.
Según ha podido saber EL MUNDO.es, operarios de las BRIF destacados en Manzaneda y procedentes de las bases de Asturias y Toledo, dejaron de sofocar las llamas por órdenes directas de sus superiores dos horas después de expirar el contrato que los unía con la Administración General del Estado a través de la empresa pública Tragsa.
También, la BRIF gallega, con sede en Laza (Ourense) y dotada con 59 personas, tuvo que dejar de acompañar a los efectivos de la Xunta y a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias porque en el curso de la extinción habían concluido su relación laboral con la administración.
Uno de los peones brigadistas manifestó a este diario que "no nos dieron explicaciones, dos horas después y, aunque estábamos rodeados de llamas, nos mandaron retirar de la zona". El brigadista aclara que "durante la fase crítica de los incendios desde el 14 al 18 de octubre no estuvimos trabajando porque nos dijeron que no había dinero por la crisis".
Tal fue la magnitud de los incendios y la alarma social provocada, que los brigadistas del Estado fueron incorporados de nuevo a la plantilla durante un periodo de seis días y una vez que el incendio había pasado su fase crítica.
Recibían un salario de 850 euros más las pagas extras.
La prestación de servicios la realizaban a través de la empresa de capital estatal Tragsa, aunque eran técnicos y funcionarios de Medio Ambiente quienes daban las órdenes, según apunta uno de los brigadistas consultados. En la actualidad tenían la condición de personal fijo discontinuo que "en la práctica significaba que antes de la crisis trabajábamos 11 meses al año".
Su condición laboral ha ido cambiando a lo largo del tiempo desde la creación del primer cuerpo en 1992 en Cuenca. En un periodo inicial, trabajaron durante cuatro meses pero a partir del año 2008 fue aumentándose el periodo de contratación hasta alcanzar las 11 mensualidades de 2011. Además, durante este tiempo y en el año 2010 firmaron un acuerdo para la unificación salarial de todos los cuerpos de España con la intención de convertirlos en un personal permanente para la prevención y extinción de incendios.
Los propios peones gallegos certifican que en su base de Laza recibían una formación constante, y durante el año fueron desplazados a lugares como O Barco, Pobra de Trives, A Gudiña o Verín a realizar tareas de prevención. Además, prestan ayuda a la Xunta y a sus brigadas "principalmente a la hora de las quemas controladas".
Los trabajadores dicen contar con buenos equipos y material suficiente para trabajar. A diferencia de otros cuerpos, en los cascos llevan incorporadas pequeñas microcámaras para grabar en todo momento las fases de la extinción.
Sin embargo, la preparación y el trabajo de los brigadistas no impidió que no se renovasen sus contratos y que continúen en espera, "cuando lo normal es que estuviéramos trabajando desde el mes de enero". Los operarios esperan ser convocados por el departamento que dirige ahora Arias Cañete "aunque de momento no tenemos noticias".
Según ha podido saber EL MUNDO.es, operarios de las BRIF destacados en Manzaneda y procedentes de las bases de Asturias y Toledo, dejaron de sofocar las llamas por órdenes directas de sus superiores dos horas después de expirar el contrato que los unía con la Administración General del Estado a través de la empresa pública Tragsa.
También, la BRIF gallega, con sede en Laza (Ourense) y dotada con 59 personas, tuvo que dejar de acompañar a los efectivos de la Xunta y a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias porque en el curso de la extinción habían concluido su relación laboral con la administración.
Uno de los peones brigadistas manifestó a este diario que "no nos dieron explicaciones, dos horas después y, aunque estábamos rodeados de llamas, nos mandaron retirar de la zona". El brigadista aclara que "durante la fase crítica de los incendios desde el 14 al 18 de octubre no estuvimos trabajando porque nos dijeron que no había dinero por la crisis".
Tal fue la magnitud de los incendios y la alarma social provocada, que los brigadistas del Estado fueron incorporados de nuevo a la plantilla durante un periodo de seis días y una vez que el incendio había pasado su fase crítica.
Recibían un salario de 850 euros más las pagas extras.De cuatro a once meses
El ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destinaba anualmente al mantenimiento de estas brigadas unos 22 millones de euros. Los peones, según ha podido contrastar este medio, recibían un salario de 850 euros además de las pagas extraordinarias, a pesar de realizar un trabajo de gran riesgo.La prestación de servicios la realizaban a través de la empresa de capital estatal Tragsa, aunque eran técnicos y funcionarios de Medio Ambiente quienes daban las órdenes, según apunta uno de los brigadistas consultados. En la actualidad tenían la condición de personal fijo discontinuo que "en la práctica significaba que antes de la crisis trabajábamos 11 meses al año".
Su condición laboral ha ido cambiando a lo largo del tiempo desde la creación del primer cuerpo en 1992 en Cuenca. En un periodo inicial, trabajaron durante cuatro meses pero a partir del año 2008 fue aumentándose el periodo de contratación hasta alcanzar las 11 mensualidades de 2011. Además, durante este tiempo y en el año 2010 firmaron un acuerdo para la unificación salarial de todos los cuerpos de España con la intención de convertirlos en un personal permanente para la prevención y extinción de incendios.
Los propios peones gallegos certifican que en su base de Laza recibían una formación constante, y durante el año fueron desplazados a lugares como O Barco, Pobra de Trives, A Gudiña o Verín a realizar tareas de prevención. Además, prestan ayuda a la Xunta y a sus brigadas "principalmente a la hora de las quemas controladas".
Los trabajadores dicen contar con buenos equipos y material suficiente para trabajar. A diferencia de otros cuerpos, en los cascos llevan incorporadas pequeñas microcámaras para grabar en todo momento las fases de la extinción.
Sin embargo, la preparación y el trabajo de los brigadistas no impidió que no se renovasen sus contratos y que continúen en espera, "cuando lo normal es que estuviéramos trabajando desde el mes de enero". Los operarios esperan ser convocados por el departamento que dirige ahora Arias Cañete "aunque de momento no tenemos noticias".
No hay comentarios:
Publicar un comentario